viernes, 9 de octubre de 2009

Masacre de Cantaura: 23 almas y un imperio

El 4 de octubre de 1982 la capital del municipio Pedro María Freites, Cantaura, estado Anzoátegui, amaneció bañada con la sangre de un grupo de 23 hombres y mujeres cuyo único pecado fue soñar con un esquema social diferente al establecido en aquella Venezuela injusta y clasista.

El entonces presidente, Luis Herrera Campins, había ordenado que aviones de la Fuerza Armada bombardearan el lugar conocido como los Changurriales del morocho Evans, donde un grupo de jóvenes revolucionarios se encontraba celebrando un congreso ideológico.

Casi todos eran estudiantes que conformaban el Frente Américo Silva (FAS), brazo armado del partido Bandera Roja, y que en ese episodio fueron víctimas de los desmanes de la cuarta República y de lo que ellos llamaban el sistema «ejemplo» de la democracia en América Latina: «Muertes crueles, cabezas destrozadas, manos amputadas, senos mutilados y disparos a quemarropa».

La mano del Imperio

La actuación militar en Cantaura no surgió de forma espontánea, tal como lo refleja un trabajo de investigación presentado por Radio Nacional en su página digital, obedecía a un esquema represivo que los Estados Unidos distribuyó en todo el continente, como parte de su política exterior destinada a defender lo que consideran sus «intereses». Este tipo de operaciones, en especial, data desde principios de la década de los 60.

Mientras John Fitzgerald Kennedy estuvo el frente del Gobierno estadounidense (1960-1963), las operaciones de contrainsurgencia dirigieron sus estrategias a minimizar los apoyos sociales que los guerrilleros despertaban en sus zonas de acción.

Los ejércitos y las policías de América Latina trabajaron, por indicaciones del Departamento de Estado y la CIA, en los asentamientos campesinos generando matrices de opinión negativas que persiguieron fomentar un rechazo hacia los grupos guerrilleros. «Sólo después de aislarlos, los guerrilleros debían sufrir el acoso militar de la contrainsurgencia», escribió Domingo Alberto Rangel en un artículo titulado «Cuando la democracia también mata».

Más tarde, el Departamento de Estado, durante la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989), asume otra concepción (y que todavía continúa siendo política del poder imperialista): Al foco guerrillero hay que exterminarlo, aún cuando se trate de manifestaciones embrionarias. En el mismo texto, refiriéndose al proceder de los gobiernos de derecha frente a los insurgentes, Rangel asegura: «…una guerrilla que se arraiga o se mantiene, resulta indestructible. Proceder sin contemplaciones en el primer momento ahorrará esfuerzos estériles más tarde».

Para el momento en que se produce la cobarde masacre de Cantaura, la política Reagan, sobre el exterminio de los focos guerrilleros, había dejado en el olvido a la de Kennedy. Cantaura resultó el primer escenario donde aplicó la «receta Reagan» en Venezuela.

Renovar la investigación

El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, exigió en el año 2005 a las autoridades venezolanas competentes que reabrieran la investigación de la masacre de Cantaura.

«Hago un llamado a los poderes del Estado y a los representantes de esos poderes a asumir estos casos emblemáticos de cómo actuaban los gobiernos de la IV República en materia de persecución, asesinato y desapariciones forzadas», demandó el Jefe de Estado en esa oportunidad.

Solicitó, para aquel momento, al ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón; al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora Díaz; al presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, y al fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, que se inicie la búsqueda de toda la información que exista sobre la Masacre de Cantaura.

«Debemos buscar toda la información que podamos, que pueda estar en archivos y que pueda estar en documentos para que haya justicia», dijo el Presidente.

Explicó que la masacre de Cantaura, en el año 1982, constituye una de las matanzas conducidas por los gobiernos de la IV República, la cual quedó impune porque no se investigaron a fondo los asesinatos.

Insistió en que a través de «los tétricamente llamados comandos de la Disip se perpetró la masacre» de un grupo de jóvenes pertenecientes a la organización política de izquierda Bandera Roja.

El Mandatario recordó que los crímenes consumados en la masacre de 1982 no prescriben por lo que justificó el esfuerzo que deben hacer las autoridades para determinar responsabilidades.

Los hechos

«Según la reseña de algunos diarios regionales y nacionales para ese entonces las Fuerzas Armadas emplearon entre 300 y 400 hombres de la Brigada de Intervención de los Servicios Especiales para eliminar completamente el comando del Frente Américo Silva, brazo armado del grupo clandestino Bandera Roja», publicó el diario Antorcha, de El Tigre, Anzoátegui, en su página digital.

Según este impreso, Albenis Urdaneta era miembro del Frente Américo Silva para el momento del ataque. Se salvó de ser asesinado, según relata, porque se encontraba en otra misión fuera del campamento.

«Los hombres y mujeres que perecieron a manos de la acción de efectivos de la Disip -expresó Urdaneta- en su mayoría eran estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que estaban congregados con representantes líderes de la guerrilla de aquel entonces. Ninguno de ellos portaba armas», destacó Urdaneta para Antorcha.

Agregó: «Ellos murieron en la emboscada que les montó la Disip y el Ejército gracias a la denuncia de varios infiltrados militantes de Bandera Roja y a su vez del gobierno».

Urdaneta relató que posterior al ataque aéreo, un comando de la Disip remató a los heridos por las bombas, lo cual dejó el saldo final de 23 jóvenes desarmados muertos.

«Para presentar el crimen como un enfrentamiento con guerrilleros, los cadáveres fueron vestidos con uniformes; pero testigos hicieron notar la anomalía y señalaron que la ropa militar no presentaba desgarraduras de proyectiles», expresó.

En Cantaura también murió la justicia

Los 23 homicidios ocurridos en Cantaura no fueron investigados por los tribunales de la época, redactó este diario anzoatiguense.

«Los diarios dieron cuenta de que un tribunal militar de Maturín abrió las investigaciones contra los militantes del Frente Américo Silva sin considerar las circunstancias en que los estudiantes, que no pertenecían al grupo insurgente, fueron asesinados», destacó el diario Antorcha digital.

Según las investigaciones «los tribunales militares de Maturín, estado Monagas, procesarán los cargos existentes contra el grupo de insurgentes detenidos, sobre los hecho ocurridos en Cantaura».

Estas investigaciones no condujeron a sanciones contra los responsables de la masacre, tanto de la Fuerza Armada Nacional como de la Disip, entre ellos, el jefe de seguridad del candidato Manuel Rosales, quien posteriormente en octubre de 1988 participó en la llamada masacre de El Amparo, ocurrida durante los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi.


En el recuerdo

El pasado jueves se cumplieron 25 años de aquella cruel matanza, que dejó sin aliento a miles de venezolanos.

Este sábado 6 de octubre Pdvsa-Gas, filial de Petróleos de Venezuela, conmemorará el aniversario 25 de la masacre ocurrida en la ciudad de Cantaura, estado Anzoátegui, donde murieron 23 jóvenes revolucionarios.

Otros estados del país se unirán a este duelo realizando talleres, actos culturales, conversatorios y una serie de actividades que servirán para recordar que ese día quedó en el pasado, y que ahora estamos en una nueva República que valora al ser humano por encima de todo.







Nancy Mastronardi
ABN 06/10/2007

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